Chubut: bosques nativos con rango constitucional?
20:01 | 
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Eco Sitio |
Quieren darle rango constitucional al manejo de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
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