Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
10:11 | 
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Eco Sitio |
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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