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Se exportó harina de soja "libre de deforestación" a Europa

 


Argentina exportó 46 mil toneladas de harina de soja libre de deforestación a Europa

Fecha de Publicación
: 23/02/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los embarques se realizaron en el último trimestre de 2023 a Irlanda y España, según informaron desde CIARA-CEC.
Empresarios agroindustriales destacaron que la Argentina se posiciona con los primeros envíos de harina de soja libre de deforestación a Europa.
En total, se embarcaron hacia los puertos de España e Irlanda más de 46.000 toneladas de harina de soja, procedentes de más de 570 unidades productivas, entre participación directa e indirecta.
“Estamos orgullosos de comunicarle al mundo que en el último trimestre del 2023 partieron de los puertos argentinos 3 embarques de harina de soja con certificado georreferenciado, que garantiza que el producto proviene de campos libres de deforestación”, destacaron desde VISEC.
Esa plataforma es promovida por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) para reunir a todos los actores de la cadena de valor de la soja con el fin de “disminuir los impactos ambientales negativos, con foco en la deforestación y otros cambios en el uso del suelo”.
A su vez, los envíos fueron resultado de las pruebas piloto de la implementación del Protocolo VISEC en Argentina, cuyas exigencias están alineadas con los requisitos de la Regulación 2023/1115 de la Unión Europea (UE) vinculada a productos libres de deforestación, que entrará en vigor desde el 30 de diciembre de 2024.
El objetivo de estas pruebas fue consolidar mercadería proveniente de campos que no han sido deforestados de forma posterior a diciembre de 2020 y cuyos granos han sido respectivamente trazados y segregados a lo largo de todo el flujo de la cadena comercial, desde el campo hasta el puerto.
“De esta manera podremos realizar ajustes finos al sistema VISEC y prepararnos para el lanzamiento de la herramienta de trazabilidad y monitoreo que dará los primeros pasos desde abril del 2024″, explica Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
Desde la entidad además destacaron que empresas multinacionales como Bunge, LDC y Viterra hayan acompañado la iniciativa “para canalizar sus exportaciones y empezar a transitar este camino que recién comienza”.
“En los últimos años, Bunge ha implementado con éxito su sistema de trazabilidad y monitoreo junto a sus proveedores, para verificar tanto aspectos sociales y ambientales, como la identificación de la deforestación en nuestra cadena de valor. Sabemos que el desarrollo de cadenas de suministro trazables es un desafío, pero creemos en la fuerza de las iniciativas sectoriales, como VISEC”, dijo Rossano de Angelis Jr., vicepresidente de Agronegocios de Bunge en América del Sur.
“Los números ilustran la complejidad de la operación y apuntan a la participación de múltiples actores en la cadena de suministro de soja. De acuerdo con el compromiso de LDC con la trazabilidad y con la deforestación cero en sus cadenas de suministro, nuestro objetivo es seguir trabajando para ampliar el Protocolo de Sustentabilidad, hacer ajustes a la plataforma y aumentar la participación de los productores y el área georeferenciada en futuros envíos”, señaló Fernando Correa Urquiza, gerente Regional de Cereales y Oleaginosas de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste.
“En Viterra buscamos desarrollar soluciones que contribuyan al cuidado de medio ambiente y generen un impacto positivo en nuestras comunidades. Esto lo vemos como una ventaja competitiva y al mismo tiempo refleja nuestro compromiso con un modelo de negocio responsable y sostenible a largo plazo”, agregó Vladimir Barisic, CEO de Viterra para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Por último, desde CIARA-CEC remarcaron que estos envíos “marcan un hito en materia de sustentabilidad y el compromiso de todos los actores económicos”.
“Es un gran desafío para todas las cadenas de valor en Argentina. El sistema de monitoreo, reporte y verificación de VISEC genera costos adicionales y adaptaciones, así como cambios culturales que naturalmente deberán expresarse en el precio del producto final. No obstante, tenemos el compromiso de posicionarnos como proveedores de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”, concluyó Idígoras.
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Hasta la ONU alerta de las políticas ambientales de Milei

 


Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación
: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Aumentan los desmontes, más de cien mil hectareas en 2023

 


En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación
: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Un DNU y Ley Ómnibus a pedido de los empresarios

 


Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Cofema contra la política ambiental de Milei

 


El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación
: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Señalan el peligro del nuevo OTBN salteño

 


Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación
: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
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Ley Ómnibus: algunos ejes ambientales serían modificados

 


Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación
: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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UICN Argentina pide al Congreso rechazar Ley Ómnibus

 


UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación
: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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Una ley ómnibus regresiva en materia ambiental

 


Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Harina de soja libre de deforestación, primeras exportaciones

 


Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación
: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Acuerdo Mercosur -UE: por ahora Argentina no firmará

 


Santiago Cafiero anticipó que Argentina no firmará el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Fecha de Publicación
: 06/12/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


"Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, aseguró que Argentina no firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se llevará a cabo el miércoles y jueves próximos, en lo que será además su última actividad como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto antes de la finalización de su gestión el 10 de diciembre.
En una entrevista con el diario La Nación, Cafiero anuló las expectativas levantadas la semana pasada por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el uruguayo Luis Lacalle Pou, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de firmar el acuerdo durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar desde el 6 de diciembre en Rio de Janeiro.
El canciller argentino dejó en claro que, a pesar del arduo trabajo de más de 20 años en las negociaciones, "no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo" y argumentó que el tratado "tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro".
Por su parte, el Alberto Fernandez declaró en diálogo con Futurock que "el acuerdo no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa". En este sentido, el presidente reconoció la importancia geopolítica del pacto, pero aseguró que para firmar habrá que revisar "determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos bloques se firmó en 2019. Establece un tratado de libre comercio entre las regiones, con un esquema progresivo de baja de aranceles para algunos productos claves, que sería más rápido en Europa que en América Latina. También prevé simplificaciones en el sistema regulatorio para agilizar el comercio interregional.
El proyecto original también incluye un "pacto verde" que establece restricciones para la comercialización de ciertos bienes dependiendo del impacto ambiental de su producción. El cuestionamiento de los Estados del Mercosur a este punto fue una de las principales claves en la demora para ratificar el acuerdo.
Lula afirmó el viernes en la red social X desde la COP28 de Dubái, que el Mercosur y la Unión Europea estaban "cerca de cerrar" el TLC.
Pero las nuevas reglas ambientales adoptadas por la Unión Europea en 2019 suponen "ya hoy mayores costos y restricciones para las exportaciones del Mercosur de alimentos y otros productos", sostuvo Cafiero, sobre este acuerdo europeo que se volvió un escollo en las tratativas bloque a bloque, en medio de fuertes críticas de Brasil.
El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazó el "proteccionismo verde" y respondió con exigencias propias, como la creación de un fondo ambiental para apoyar a los países en desarrollo.
"Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria. Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es", remató el canciller argentino, que participará junto a Fernández en la última gran cumbre del gobierno saliente.

Lula da Silva responsabilizó a Emmanuel Macron
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pareció insinuar que su par francés, Emmanuel Macron, será responsable si la Unión Europea (UE) y el Mercosur no pueden cerrar su acuerdo de libre comercio, luego de que el líder europeo afirmara que se opone al pacto.
Lula dijo a periodistas en Dubai que se reunió con Macron allí al margen de la conferencia de cambio climático COP28 porque conocía los reparos del presidente francés al acuerdo y quería convencerlo de cambiar de postura. Luego de la reunión, Macron, cuyo país fue siempre el más reacio al acuerdo de la UE, dijo a periodistas que estaba en contra del acuerdo porque no era bueno para nadie, se negoció hace mucho tiempo y "no toma en cuenta la biodiversidad y el clima" y solo desmantela aranceles.
Lula contó que en su reunión con Macron le pidió que "abriera el corazón" y pensara que los países de América del Sur y el Mercosur son "países pobres, países pequeños"." Si no tuviéramos acuerdo, paciencia. No es por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil o por culpa de América del Sur", señaló, y agregó: "Si no hay acuerdo, por lo menos va a ser evidente de quién es la culpa".
Las afirmaciones de Cafiero reflejan la posición histórica de Argentina y se suman a las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien cuestionó el acuerdo en su forma actual y anunció que viajará a Brasil en marzo para discutir el tema. El optimismo expresado por Lula en la COP28 de Dubái se ve contrarrestado por las reticencias de algunos líderes europeos y la complejidad de las discusiones en medio de críticas internas en Brasil.
La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo persiste, y la cumbre en Rio de Janeiro se presenta como un escenario crucial para las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. La divergencia de opiniones y demandas entre las partes deja en evidencia los desafíos pendientes para lograr un consenso satisfactorio que beneficie a ambas regiones en términos económicos y ambientales.
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Salta sigue convocando a desmontar sin OTBN

 


Pese a un amparo y la falta de OTBN, convocan a otra audiencia de desmonte

Fecha de Publicación
: 02/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Este miércoles se conmemoró el Día Internacional del Yaguareté. Se estima que en la ecorregión del Gran Chaco solo quedan 20 individuos. En ese marco Greeenpeace advirtió que los desmontes presionan aún más a la especie.
En el marco del Día Internacional del Yaguareté que se conmemora todos los 29 de noviembre, se recordó que, pese a la emergencia por estar la especie en peligro de extinción, tan solo entre enero y septiembre la deforestación en el norte argentino fue de 90.755 hectáreas, un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022. En ese marco, y con un proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sin concluir, ayer se publicó en el Boletín Oficial salteño la convocatoria a audiencia pública de desmonte.
La emergencia sobre el yaguareté continúa ya que de acuerdo a datos oficiales y al monitoreo satelital de Greenpeace, sólo entre enero y septiembre de este año  se deforestaron 90.755 hectáreas en Santiago del Estero, el Chaco, Formosa y Salta. Este total representa un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022.
“La supervivencia del yaguareté no puede separarse de la preservación de su hábitat”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. “Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación. Estamos al límite de perderlo y toda acción que se haga para evitar su desaparición es importante, pero todos sabemos que, sin monte, no será posible. Junto con él, también corren riesgo las demás especies que están bajo su paraguas. El tatú carreta, el quimilero, también se encuentran en peligro”, advirtió.
Por la situación en la que se encuentra la especie en la región chaqueña argentina, la asociación ambientalista presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el fin de suspender desmontes en las cuatro provincias norteñas.
El máximo tribunal argentino se declaró competente y por ahora espera los informes ambientales que deben enviar las provincias demandadas y el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente.

Otra audiencia de desmonte
En Salta, en tanto, se espera además la finalización del proceso para contar con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), a través del cual se dispone en qué lugares se podrá desmontar o no, o producir y de qué manera.
Pese a ello, ayer en el Boletín Oficial (y como viene ocurriendo de manera intermitente), se publicó una nueva audiencia pública de desmonte.
La convocatoria es por el desmonte o “cambio de uso de suelo con fines de agroganadería” de 719.04 hectáreas y 502.12 de protección y reserva en finca “Las Pirguas”, en el departamento Anta, en el sur provincial.
La fecha de audiencia es el 28 de diciembre próximo a las 9 en el Salón A&O Eventos, de la localidad de Las Lajitas.
Se desconoce si para los desmontes ya se habilitaron las audiencias públicas, dado que aal menos una había sido suspendida en octubre y se había previsto que iba a realizarse este martes último.
Por ahora, según trascendió, hay disputas en el seno de la Secretaría de Ambiente; la discusión de las y los técnicos está en si para autorizar estos pedidos regirá el actual (ya vencido pero vigente) mapa del OTBN o el que se prevé elevar a la Legislatura provincial, lo que ocurriría antes de que termine este año.
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Críticas a desmonte en Salta para barrio privado

 


La universidad salteña no se pronuncia | Greenpeace apunta al ingeniero de la UNSa que habilitó desmontes en un barrio privado

Fecha de Publicación
: 13/11/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


El organismo señaló que Pablo Campos, representante de la casa de estudios ante el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta, avanzó con un informe que permite desmontes a pesar de que el terreno del country está sobre un área protegida.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, apuntó contra el ingeniero Pablo Campos, quien firmó un peritaje que habilitó desmontes en la zona del country Los Maitines, en San Lorenzo, a pesar de que las tierras se encuentran en áreas protegidas.
Tal como informó CUARTO este jueves, Campos fue nombrado este año como uno de los representantes de la UNSa ante el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta.
El ingeniero, que forma parte de la Facultad de Ciencias Naturales, firmó un peritaje que favorable para el desarrollo del barrio privado, pero omitía mencionar que el área está protegida como «Zona Amarilla», que prohíbe desmontes y urbanizaciones.
En su texto, Giardini asegura que «resulta más que evidente que el proyecto Los Maitines nunca debió ser aprobado, puesto que implica un desmonte para urbanización en área donde no está permitido».
El miembro de Greenpeace agrega que el proyecto del barrio cerrado apunta a una urbanización que implica desmontes y no un aprovechamiento sustentable ni un manejo forestal.
Agrega que el proyecto busca «reemplazar la selva por casas y calles».
Mientras tanto, las autoridades de la UNSa y la Facultad de Ciencias Naturales no se han pronunciado por este episodio.
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Desmontes: CSJ admite demanda contra cuatro gobernaciones

 


La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación
: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
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Salta prorroga audiencias por desmontes por nuevo OTBN

 


Prorrogaron una audiencia de desmonte hasta que esté el nuevo ordenamiento

Fecha de Publicación
: 03/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, aseguró ayer que se aplicará el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, que está próximo a conocerse) a las audiencias públicas de desmonte que se solicitaron este año.
“Con el de ahora”, respondió el funcionario provincial a la consulta de Salta/12 sobre cuál OTBN se aplicará a los pedidos de autorización de desmontes presentados este año. Mientras se avanza con el nuevo OTBN los cambios de uso de suelo se encuentran suspendidos.
El viernes último se publicó la resolución 258 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, por la cual se dispuso la prórroga de la audiencia pública en el marco del pedido de la firma “Río Horcones SA” para el desarrollo de una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar, y 399 hectáreas de protección y reserva, en la finca “Estancia Aragón”.
En sus considerandos, el instrumento legal indica que la solicitud de que se suspendan las audiencias hasta que esté listo el nuevo ordenamiento fue de representantes del Instituto de Investigaciones en Energías no Renovables (INENCO), el CONICET, la Universidad Nacional de Salta, INTA y el INAI, organismos que también tienen a sus representantes en el equipo técnico del Consejo Asesor del OTBN, cuya revisión está en sus instancias finales.
En la resolución se especifica que pidieron la suspensión “de todas las Audiencias Públicas convocadas por proyectos de cambio de uso de suelo en los bosques nativos de la Provincia de Salta hasta tanto se apruebe el nuevo mapa, fundando tal petición en que estas audiencias, suspendidas desde hace aproximadamente 18 meses por decisión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no se deberían reanudar habida cuenta de lo avanzado del proceso de revisión del mapa actualmente vigente. Si así se hiciera, se pondría en riesgo la credibilidad de todo el proceso”.
Aunque son más las audiencias públicas que se dieron a conocer por el Boletín Oficial, Aldazábal afirmó que dos particularmente se encuentran con proyectos sobre bosques nativos y por lo tanto, podrían ser incongruentes con la próxima actualización del OTBN.
Por estas razones se decidió prorrogar la audiencia pública para el 28 de noviembre para posibilitar que se la evalúe  según las definiciones que otorgue la base del OTBN actualizado, que estaría listo la semana que viene a más tardar. Así lo indicó el secretario de Ambiente. “Entonces deberán adecuarlo”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que el procedimiento fue trazado sobre la base del OTBN vigente desde 2009, que se verá modificado con el del 2023.
En la resolución se indica además que Aldazábal no puede intervenir en las actuaciones dado que en su momento actuó como técnico responsable de este proyecto, antes de asumir al frente de la Secretaría.
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