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Mendoza apuesta a la ganadería Integrada con bosques

 


Mendoza invierte $126 millones en estrategias para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada

Fecha de Publicación
: 12/02/2024
Fuente: Revistra Chacra
Provincia/Región: Mendoza


Estas estrategias cumplen con un doble objetivo: la conservación del bosque nativo y su biodiversidad en Mendoza con la creciente actividad ganadera. Lo integran sectores científicos, tecnológicos, académicos y ganaderos.
El Ministerio de Energía y Ambiente invierte en estrategias para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), cuyo doble objetivo es preservar los bosques nativos y alentar el crecimiento de la ganadería en Mendoza. La ministra Jimena Latorre y el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor, mantuvieron un encuentro con miembros del MBGI para la entrega de $126 millones para el plan.
"Hoy estamos realizando este importante aporte al Manejo de Bosque con Ganadería Integrada. Vale recordar que este comité está integrado por representantes de los sectores científico, tecnológico, académico y ganadero y tiene por finalidad ser el ámbito para la generación de consensos técnicos para el desarrollo y la aplicación de esta herramientas que permiten articular la conservación del bosque con el desarrollo de una actividad que en la provincia viene creciendo gracias a la aplicación de políticas activas por parte del Gobierno y la articulación con el sector privado", recalcó Latorre.
La ministra explicó que esta es una estrategia que tiene por objetivo articular la conservación del bosque nativo y su biodiversidad con la actividad ganadera: "En este sentido, propone la aplicación de herramientas de manejo ganadero de bajo impacto ambiental diseñadas para no impactar negativamente en el bosque nativo, así como también la aplicación de medidas directas de conservación".
El comité técnico del MBGI está conformado por la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección Provincial de Ganadería, el Clúster Ganadero, el Conicet, el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.
"La importancia de avanzar en la consolidación del MBGI en la provincia con visión estratégica y con un gran esfuerzo de articulación interinstitucional, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestros bosques nativos se encuentran en la zona Este, que es también donde se desarrolla gran parte de la actividad ganadera", afirmó por su parte Melchor.
En este primer avance, el plan se comenzará a implementar en "sitios demostrativos", es decir, en lugares seleccionados en ocho puntos de la provincia para desarrollar la ganadería y lograr un equilibrio con las especies autóctonas.
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Hasta la ONU alerta de las políticas ambientales de Milei

 


Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación
: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Aumentan los desmontes, más de cien mil hectareas en 2023

 


En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación
: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Un DNU y Ley Ómnibus a pedido de los empresarios

 


Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Cofema contra la política ambiental de Milei

 


El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación
: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Señalan el peligro del nuevo OTBN salteño

 


Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación
: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
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Ley Ómnibus: algunos ejes ambientales serían modificados

 


Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación
: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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UICN Argentina pide al Congreso rechazar Ley Ómnibus

 


UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación
: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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Una ley ómnibus regresiva en materia ambiental

 


Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Salta sigue convocando a desmontar sin OTBN

 


Pese a un amparo y la falta de OTBN, convocan a otra audiencia de desmonte

Fecha de Publicación
: 02/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Este miércoles se conmemoró el Día Internacional del Yaguareté. Se estima que en la ecorregión del Gran Chaco solo quedan 20 individuos. En ese marco Greeenpeace advirtió que los desmontes presionan aún más a la especie.
En el marco del Día Internacional del Yaguareté que se conmemora todos los 29 de noviembre, se recordó que, pese a la emergencia por estar la especie en peligro de extinción, tan solo entre enero y septiembre la deforestación en el norte argentino fue de 90.755 hectáreas, un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022. En ese marco, y con un proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sin concluir, ayer se publicó en el Boletín Oficial salteño la convocatoria a audiencia pública de desmonte.
La emergencia sobre el yaguareté continúa ya que de acuerdo a datos oficiales y al monitoreo satelital de Greenpeace, sólo entre enero y septiembre de este año  se deforestaron 90.755 hectáreas en Santiago del Estero, el Chaco, Formosa y Salta. Este total representa un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022.
“La supervivencia del yaguareté no puede separarse de la preservación de su hábitat”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. “Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación. Estamos al límite de perderlo y toda acción que se haga para evitar su desaparición es importante, pero todos sabemos que, sin monte, no será posible. Junto con él, también corren riesgo las demás especies que están bajo su paraguas. El tatú carreta, el quimilero, también se encuentran en peligro”, advirtió.
Por la situación en la que se encuentra la especie en la región chaqueña argentina, la asociación ambientalista presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el fin de suspender desmontes en las cuatro provincias norteñas.
El máximo tribunal argentino se declaró competente y por ahora espera los informes ambientales que deben enviar las provincias demandadas y el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente.

Otra audiencia de desmonte
En Salta, en tanto, se espera además la finalización del proceso para contar con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), a través del cual se dispone en qué lugares se podrá desmontar o no, o producir y de qué manera.
Pese a ello, ayer en el Boletín Oficial (y como viene ocurriendo de manera intermitente), se publicó una nueva audiencia pública de desmonte.
La convocatoria es por el desmonte o “cambio de uso de suelo con fines de agroganadería” de 719.04 hectáreas y 502.12 de protección y reserva en finca “Las Pirguas”, en el departamento Anta, en el sur provincial.
La fecha de audiencia es el 28 de diciembre próximo a las 9 en el Salón A&O Eventos, de la localidad de Las Lajitas.
Se desconoce si para los desmontes ya se habilitaron las audiencias públicas, dado que aal menos una había sido suspendida en octubre y se había previsto que iba a realizarse este martes último.
Por ahora, según trascendió, hay disputas en el seno de la Secretaría de Ambiente; la discusión de las y los técnicos está en si para autorizar estos pedidos regirá el actual (ya vencido pero vigente) mapa del OTBN o el que se prevé elevar a la Legislatura provincial, lo que ocurriría antes de que termine este año.
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¿Que se busca con la Mesa de Carbono Forestal Nacional?

 


¿Cuál es la propuesta de la Mesa de Carbono Forestal Nacional?

Fecha de Publicación
: 22/11/2023
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional


Los importantes ecosistemas y recursos naturales brindan grandes oportunidades de generación de proyectos para la reducción y compensación de emisiones de empresas, gobiernos y personas.
“Trabajamos en la conservación, en el manejo mejorado y en la restauración de bosques nativos y en la producción forestal representando, en este último caso, el 80 % de las plantaciones forestales del país”.
Lo dijo Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN), la entidad que agrupa a más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de la Argentina con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador.
“Se realiza en 20.000 hectáreas, aproximadamente, y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2, de los cuales ya se llevan involucradas más de 500.000 toneladas de carbono”, agregó.
Todo el mundo tiene la atención puesta en los mercados de carbono, ya que estos serán los ejes centrales de la próxima COP28.
Tanto la Argentina como América Latina resultan clave para los mercados de carbono, ya que sus importantes ecosistemas y recursos naturales brindan oportunidades de generación de proyectos de carbono para la reducción y compensación de emisiones de empresas, gobiernos y personas en todo el mundo.
Recientemente, la Mesa de Carbono Forestal Nacional difundió un informe en el cual se indica que se están evaluando, desarrollando y certificando proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas a través de distintos miembros de la entidad.
La cifra equivale a dos veces la superficie de bosque perdido en el año 2022, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Esta superficie representa, asimismo, casi 20 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA tiene 20.300 hectáreas).
De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60 % de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por la Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
“Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado)”, sostuvo Cano.
“Asimismo, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos”, añadió.
“La demanda por proyectos de captura y reducción de emisiones certificables y verificables con impacto no sólo en carbono sino en otros servicios ecosistémicos es, en forma evidente, cada vez mayor”, afirmó.
“De hecho, este volumen está aumentando rápidamente a medida que crece la demanda”, dijo.
Según los últimos informes, los valores de los créditos de carbono han ido variando en los últimos años, con una marcada suba desde el año 2017 hasta el momento.
“En los mercados voluntarios, los precios aumentaron —en el año 2021— casi un 60 % con respecto a 2020 hasta un punto que no se veía desde 2013, alcanzando un precio promedio ponderado mundial anual por tonelada de 4 dólares para todas las transacciones informado por los encuestados de mercados emergentes, en comparación con U$S 2,52 en 2020”, detalló Cano.

La situación argentina
De los 11.800 proyectos registrados a nivel global, tan sólo 61 fueron en la Argentina; esto es, el 0,5 % del total.
Esto refleja —según se indica desde la Mesa de Carbono Forestal Nacional— que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo, e incentivando, el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones, a pesar de las grandes posibilidades que existen y de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.
En comparación con la distribución sectorial a nivel global, en la Argentina existen actualmente sólo dos proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo, lo cual representa el 3 % del total de proyectos certificados en el país.
“Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a mismos estándares, pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una fase internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usuarios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones”, explicó Cano.
En tal sentido, a la hora de proyectar posibles abordajes para promover en forma real el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina, se considera que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible.
“Se recomienda la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen”, añadió el directivo.
“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras”, señaló.
“Asimismo, como traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen”, afirmó.
“Por otro lado, acciones que permitan reducir costos serían un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña”, dijo Cano.
“Sumado a todo esto, es necesario que haya claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono”, concluyó.
A poco más de un año desde su creación, la MCFN anunció la puesta en funcionamiento de su identidad digital, a través de su sitio (https://mesacarbono.org.ar/).
“Esta nueva identidad y plataforma de contacto es un puente para todos los que deseen sumarse y promover el desarrollo de los mercados de carbono en nuestro país y en la región”, explicó Cano.
“De hecho, en la Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes”, agregó.

Conservación y restauración de bosques nativos
—La MCFN está conformada por, aproximadamente, 40 empresas enfocadas en el sector forestal argentino.
—Sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando —en este último caso— el 80 % de las plantaciones forestales del país.
—Tiene como objetivos el desarrollo de temas, acciones y creación de alianzas para convertirse en un actor relevante del sector, que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país y en toda la región.
—La MCFN se propuso elaborar un documento de posición sobre los conceptos mínimos y puntos críticos para promover los mercados de carbono en la Argentina. La propuesta es incluir: un diagnóstico del estado de situación del sector del carbono forestal a nivel nacional; un relevamiento del estado de situación a nivel internacional (con foco en la región de Latinoamérica) y lineamientos mínimos que debería tener un marco normativo para promover mercados de carbono forestal en la Argentina.
—Con este plan, se establecieron vínculos con los distintos actores en la cadena de los mercados de carbono para acercar las propuestas elaboradas y conformar grupos de trabajo conjunto, en particular con funcionarios públicos de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales; diputados y senadores de los poderes legislativos nacionales y provinciales.
—La propuesta es, también, para referentes de los partidos políticos que están trabajando la agenda ambiental y productiva y otros actores que se identifiquen como clave para promover mercados de carbono.

(Fuentes: mesacarbono.org.ar / Iconos Press Compani).
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Desmontes: CSJ admite demanda contra cuatro gobernaciones

 


La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación
: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
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Salta prorroga audiencias por desmontes por nuevo OTBN

 


Prorrogaron una audiencia de desmonte hasta que esté el nuevo ordenamiento

Fecha de Publicación
: 03/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, aseguró ayer que se aplicará el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, que está próximo a conocerse) a las audiencias públicas de desmonte que se solicitaron este año.
“Con el de ahora”, respondió el funcionario provincial a la consulta de Salta/12 sobre cuál OTBN se aplicará a los pedidos de autorización de desmontes presentados este año. Mientras se avanza con el nuevo OTBN los cambios de uso de suelo se encuentran suspendidos.
El viernes último se publicó la resolución 258 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, por la cual se dispuso la prórroga de la audiencia pública en el marco del pedido de la firma “Río Horcones SA” para el desarrollo de una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar, y 399 hectáreas de protección y reserva, en la finca “Estancia Aragón”.
En sus considerandos, el instrumento legal indica que la solicitud de que se suspendan las audiencias hasta que esté listo el nuevo ordenamiento fue de representantes del Instituto de Investigaciones en Energías no Renovables (INENCO), el CONICET, la Universidad Nacional de Salta, INTA y el INAI, organismos que también tienen a sus representantes en el equipo técnico del Consejo Asesor del OTBN, cuya revisión está en sus instancias finales.
En la resolución se especifica que pidieron la suspensión “de todas las Audiencias Públicas convocadas por proyectos de cambio de uso de suelo en los bosques nativos de la Provincia de Salta hasta tanto se apruebe el nuevo mapa, fundando tal petición en que estas audiencias, suspendidas desde hace aproximadamente 18 meses por decisión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no se deberían reanudar habida cuenta de lo avanzado del proceso de revisión del mapa actualmente vigente. Si así se hiciera, se pondría en riesgo la credibilidad de todo el proceso”.
Aunque son más las audiencias públicas que se dieron a conocer por el Boletín Oficial, Aldazábal afirmó que dos particularmente se encuentran con proyectos sobre bosques nativos y por lo tanto, podrían ser incongruentes con la próxima actualización del OTBN.
Por estas razones se decidió prorrogar la audiencia pública para el 28 de noviembre para posibilitar que se la evalúe  según las definiciones que otorgue la base del OTBN actualizado, que estaría listo la semana que viene a más tardar. Así lo indicó el secretario de Ambiente. “Entonces deberán adecuarlo”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que el procedimiento fue trazado sobre la base del OTBN vigente desde 2009, que se verá modificado con el del 2023.
En la resolución se indica además que Aldazábal no puede intervenir en las actuaciones dado que en su momento actuó como técnico responsable de este proyecto, antes de asumir al frente de la Secretaría.
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Salta: nueva reunión por el OTBN

 


Ordenamiento territorial: no suman hectáreas para producir y definirán reubicaciones

Fecha de Publicación
: 28/10/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En la revisión del mapa que determina zonas verdes, amarillas y rojas aplican criterio de no regresividad.Presentan cuatro escenarios con opiniones de todos los participantes del Consejo Asesor.
Más de 130 representantes de distintas instituciones se reunieron ayer para actualizar el mapa provincial de áreas protegidas que dispone la ley nacional de bosques. Se confirmó que no sumarán áreas para producir más, solo se podrán cambiar ubicaciones.
Académicos, comunidades indígenas y actividades productivas, legislativo, gubernamental y judicial, reunidos por el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tuvieron la tarea de presentar cuatro escenarios en los que quedarán reflejadas de manera vinculante las opiniones de todos los participantes.
De los cuatro saldrá el mapa definitivo, que se confeccionará bajo un sistema en el que primará la posición mayoritaria de los grupos, y en el caso de empate de posiciones el color asignado se definirá bajo un criterio técnico, que será puesta a consideración.
Organizados en grupos acordes a cuatro perspectivas, trabajaron para consensuar mapas de zonificación, donde queda reflejada su opinión vinculante. Cada representante de institución asignó valores de cero a cien, según la mirada de la organización a la que representa, a los colores amarillo, verde y rojo. Al finalizar se labró el acta correspondiente con el mapa unificado por grupo.
José Volante, parte del equipo técnico del OTBN, expresó que la ley de bosques prevé que el ordenamiento debe basarse en un principio de no regresividad. Esto significa que se debe avanzar hacia un medio ambiente sano, saludable y no se puede volver a etapas de menor calidad ambiental que la que había anteriormente.
Afirmó que en el ordenamiento territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas aproximadamente. El principio de no regresividad menciona que no puede haber más zonas verdes, o sea, más hectáreas agropecuarias que las que ya estaban en el 2008. Además, no pueden haber menos hectáreas de las categorías rojas y amarillas.
"Entonces, podemos ir a tener más áreas amarillas y más áreas rojas, pero no menos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? Lo que estamos discutiendo es la ubicación de estas hectáreas. De ese millón de hectáreas que quedan para ordenar, para replanificar, lo que estamos haciendo acá ahora es, con toda esta información nueva que hemos compilado, viendo una reubicación de esas hectáreas", explicó el técnico del INTA.
José Volante detalló que hay criterios que la ley menciona que tienen que ver con tres condiciones. Una que tiene que ver con una calidad vinculada con la protección de la biodiversidad, otra una calidad de sitio o aptitud para la producción forestal sustentable y otra con una aptitud para la producción agropecuaria.
"En las 5 millones de hectáreas de amarillas se pueden hacer proyectos sustentables productivos. En esas áreas se puede hacer hasta ganadería. La ley junto con un decreto y un acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de la Nación llegaron a un acuerdo para permitir hacer ganadería bajo monte con un sistema que se llama manejo de bosque, con ganadería integrada que permite la desarbustización, o sea quitar los arbustos, conservar los árboles y hacer producción silvopastoril con unas condiciones técnicas que deben cumplir, pero se puede hacer producción ganadera en la amarilla", remarcó el técnico del INTA José Volante.
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