El estudio de campo
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El estudio de campo
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.
El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.
El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.
Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno
–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?
Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.
–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?
Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados
–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?
Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.
–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?
Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.
–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?
Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.
–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?
Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
La relación con Monsanto
–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?
Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.
–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?
–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.
–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?
Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
Nada de qué arrepentirse
–¿Algo más?
Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.
El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.
El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.
Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno
–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?
Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.
–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?
Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados
–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?
Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.
–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?
Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.
–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?
Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.
–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?
Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
La relación con Monsanto
–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?
Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.
–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?
–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.
–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?
Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
Nada de qué arrepentirse
–¿Algo más?
Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.
Legisladores patagónicos y políticas ambientales
Legisladores patagónicos debatieron políticas ambientales para la región
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
Presido por la diputada chubutense Rosa Muñoz, se reunió el Parlamento Patagónico en la vecina provincia de Santa Cruz, donde entre otros temas se debatió la política ambiental que se promoverá a nivel regional y en ese marco se aprobó adherir a una ley existente en la provincia de Río Negro que prohíbe el volcado de efluentes industriales al litoral marítimo.
En este sentido la legisladora rionegrina Magdalena Odarda destacó la decisión del Cuerpo señalando que “hemos socializado esta ley con el resto de las provincias que tienen litoral marítimo, como es el caso de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego”. Informó además que en la última reunión del Parlamento Patagónico “hemos llevado el reclamo para que en forma urgente se dispongan de los fondos para la reglamentación de la Ley de Bosques, que está demorado en algunas de las provincias patagónicas, como en Río Negro, y eso fue aprobado por unanimidad”.
Por otra parte quedó expresado por los legisladores patagónicos que la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares que fuera elevada a diputados y senadores por los rionegrinos, será discutida en el encuentro próximo previsto en la provincia de La Pampa, puesto que el tema requerirá un amplio debate.
Sobre el particular, fue precisamente Odarda quien destacó que la importancia de la Ley de Glaciares tiene relevancia la Ley de Protección de la Tierra “sobre todo en este marco de crisis financiera internacional donde la especulación inmobiliaria va a ser impresionante y se necesita de manera urgente defender nuestros recursos naturales, muchos grupos de inversión vienen a especular a la Patagonia”.
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
Presido por la diputada chubutense Rosa Muñoz, se reunió el Parlamento Patagónico en la vecina provincia de Santa Cruz, donde entre otros temas se debatió la política ambiental que se promoverá a nivel regional y en ese marco se aprobó adherir a una ley existente en la provincia de Río Negro que prohíbe el volcado de efluentes industriales al litoral marítimo.
En este sentido la legisladora rionegrina Magdalena Odarda destacó la decisión del Cuerpo señalando que “hemos socializado esta ley con el resto de las provincias que tienen litoral marítimo, como es el caso de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego”. Informó además que en la última reunión del Parlamento Patagónico “hemos llevado el reclamo para que en forma urgente se dispongan de los fondos para la reglamentación de la Ley de Bosques, que está demorado en algunas de las provincias patagónicas, como en Río Negro, y eso fue aprobado por unanimidad”.
Por otra parte quedó expresado por los legisladores patagónicos que la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares que fuera elevada a diputados y senadores por los rionegrinos, será discutida en el encuentro próximo previsto en la provincia de La Pampa, puesto que el tema requerirá un amplio debate.
Sobre el particular, fue precisamente Odarda quien destacó que la importancia de la Ley de Glaciares tiene relevancia la Ley de Protección de la Tierra “sobre todo en este marco de crisis financiera internacional donde la especulación inmobiliaria va a ser impresionante y se necesita de manera urgente defender nuestros recursos naturales, muchos grupos de inversión vienen a especular a la Patagonia”.
Magdalena: un pueblo dividido por Shell
Magdalena: un pueblo dividido por la millonaria oferta de Shell
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Denuncias ambientales vía Web
Denuncias ambientales vía Web
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Sobre la gestión de pilas y aparatos electrónicos
Greenpeace calificó de improvisada la gestión de pilas y aparatos electrónicos del Gobierno de la Ciudad
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Contaminación en la Ciudad
Contaminación en la Ciudad
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
Clausuran la planta de una multinacional
Clausuran la planta de una multinacional por contaminación
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro dispuso el cierre de una planta de snacks de Pepsico, a la cual se le descubrió cañerías ocultas que derivaban en un arroyo de Olivos
La Justicia ordenó esta tarde la clausura de la planta que tiene en Olivos la multinacional que se orienta a la producción de snacks -la de bebidas funciona en la localidad de Quilmes- en la Argentina.
Si bien el cierre fue ordenado este martes, la investigación había sido iniciada tiempo atrás por la jueza Sandra Arroyo, quien hace algunos meses había encabezado un allanamiento en la zona.
Según explicaron fuentes de la investigación, en el primer procedimiento que se realizó en la zona la Justicia no constató ninguna anormalidad en el funcionamiento de la planta, y todas las salidas al arroyo cumplían con los requerimentos de las leyes medioambientales de la Provincia.
Sin embargo, nuevas pericias realizadas en los últimos días detectaron una serie de cañerías ilegales que arrojarían desechos químicos de gran peligrosidad.
Según los primeros informes, entre los residuos contaminantes se habría encontrado materia fecal y químicos ácidos, lo que impulsó a las autoridades judiciales a disponer la inmediata clausura del lugar.
Por las diferencias surgidas entre el primer allanamiento y los operativos realizados esta semana, los funcionarios judiciales creen que desde la empresa intentaron ocultar las cañerías ilegales en la inspección que se realizó en el inicio de la causa.
El operativo realizado esta tarde estuvo a cargo del fiscal Alberto Gentili, la división Delitos Ambientales de la Policía Federal y un cuerpo médico forense, de cuyos peritajes se determinó la peligrosidad de los químicos que se vertían sobre la corriente de agua.
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro dispuso el cierre de una planta de snacks de Pepsico, a la cual se le descubrió cañerías ocultas que derivaban en un arroyo de Olivos
La Justicia ordenó esta tarde la clausura de la planta que tiene en Olivos la multinacional que se orienta a la producción de snacks -la de bebidas funciona en la localidad de Quilmes- en la Argentina.
Si bien el cierre fue ordenado este martes, la investigación había sido iniciada tiempo atrás por la jueza Sandra Arroyo, quien hace algunos meses había encabezado un allanamiento en la zona.
Según explicaron fuentes de la investigación, en el primer procedimiento que se realizó en la zona la Justicia no constató ninguna anormalidad en el funcionamiento de la planta, y todas las salidas al arroyo cumplían con los requerimentos de las leyes medioambientales de la Provincia.
Sin embargo, nuevas pericias realizadas en los últimos días detectaron una serie de cañerías ilegales que arrojarían desechos químicos de gran peligrosidad.
Según los primeros informes, entre los residuos contaminantes se habría encontrado materia fecal y químicos ácidos, lo que impulsó a las autoridades judiciales a disponer la inmediata clausura del lugar.
Por las diferencias surgidas entre el primer allanamiento y los operativos realizados esta semana, los funcionarios judiciales creen que desde la empresa intentaron ocultar las cañerías ilegales en la inspección que se realizó en el inicio de la causa.
El operativo realizado esta tarde estuvo a cargo del fiscal Alberto Gentili, la división Delitos Ambientales de la Policía Federal y un cuerpo médico forense, de cuyos peritajes se determinó la peligrosidad de los químicos que se vertían sobre la corriente de agua.
¿Cómo está el negocio del biodiesel?
¿Cómo está el negocio del biodiesel?
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Nacional
El precio de exportación cayó y ahora las locales buscan hacer negocios con las nuevas variables - El caso de Patagania Bionergía.
La continua caída de los valores de exportación del biodiesel está retrasando los proyectos de la región para comenzar a comercializar biodiesel. Las industrias del sector están preocupadas porque la Unión Europea está discutiendo barreras arancelarias que perjudicarían económicamente a las plantas.
A partir de la crisis internacional el aceite de soja -insumo principal del biodiesel- ha caído un 50% en los últimos siete meses. Sólo en el mes de febrero se registró una caída de los valores de exportación en un 5.5%. Esta merma ha provocado que las empresas de biocombustibles del cordón industrial continúen en stand by hasta que el panorama aclare.
Federico Pochat, gerente general de Patagonia Bionergía, una de las industrias ubicadas en la ciudad de San Lorenzo, adelantó a punto biz, que la planta ya está operativamente lista y a la espera de que reanude la comercialización del biodiesel.
“Confiamos que el mercado internacional volverá a comprar biodiesel durante el mes de marzo, para embarcar en abril. Asimismo, estamos tratando que se permita la comercialización de nuestro biodiesel en el mercado local. Creemos que sería muy bueno, desde todo punto de vista, que la Argentina consuma biodiesel hecho en nuestro país”, dijo.
Los otros casos
La realidad de las empresas de biocombustibles ha cambiado notablemente en los últimos meses. Tanto Patagonia como Renova, Ecofuel (la fusión de AGD y Bunge en Terminal 6) y Explora (estas últimas en Puerto San Martín), la crisis internacional y el conflicto agropecuario, con las retenciones a la soja que provoca que los productores no comercialicen sus cupos, han paralizado o reducido al máximo, la producción en estas empresas.
En el mes de febrero, las exportaciones fueron de 63.914 toneladas a diferencia de las 75.494, registradas en enero, representando una caída del 5.5% con respecto al mes de diciembre y un 46% respecto a agosto del año pasado.
Por otra parte, el ingreso de exportaciones en Europa, comienza a dificultarse para las empresas argentinas. La Unión Europea está discutiendo barreras para-arancelarias que podrían eventualmente bloquear o penalizar económicamente al biodiesel de soja argentino.
Según explicaron desde Patagonia, a partir del 13 de marzo, las empresas de EEUU que exporten Biodiesel a la Unión Europa tendrán que pagar tarifas adicionales (desde €260 a €410 por tonelada, según la empresa) en concepto de derechos compensatorios, que buscan neutralizar el subsidio que los productores norteamericanos reciben al exportar biodiesel a Europa, que afectan tanto a los productores europeos como a los argentinos.
“El mercado europeo privilegia al biodiesel considerado “sustentable”, que es aquel que cumple ciertas condiciones de producción que le permiten, entre otras cosas, tener un balance de gases de efecto invernadero positivo (es decir, que generan menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que los combustibles que reemplazan, con un mínimo propuesto del 35% de ahorro con respecto a las emisiones que generan los combustibles fósiles); no fomentar la deforestación; etc.” Explicó Pochat quien agregó: “El Biodiesel Argentino a partir de aceite de soja es, desde todo punto de vista, uno de los biocombustibles más sustentables que existen y Patagonia Bioenergía, cumple ampliamente todas las normas de calidad de combustibles europeas y norteamericanas”
Pruebas exitosas
Patagonia Bioenergía S.A. una empresa dedicada a la producción y comercialización de biodiesel, está formada por dos empresas nacionales: Cazenave y Asociados S.A. - y Energía & Soluciones S.A. El gerente general de la planta anunció que en San Lorenzo, las pruebas de puesta en marcha han concluido con éxito.
“Sería bueno que comience a comercializarse el biodiesel para las cuentas fiscales ya que se reemplazaría gas-oil importado (que es caro por el transporte) con un producto nacional. Ayudaría a disminuir los faltantes crónicos de gas-oil en las estaciones de servicio, en especial durante las épocas de consumo pico y generaría mano de obra local (tanto en la producción como en la distribución)”, sostuvo Pochat.
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Nacional
El precio de exportación cayó y ahora las locales buscan hacer negocios con las nuevas variables - El caso de Patagania Bionergía.
La continua caída de los valores de exportación del biodiesel está retrasando los proyectos de la región para comenzar a comercializar biodiesel. Las industrias del sector están preocupadas porque la Unión Europea está discutiendo barreras arancelarias que perjudicarían económicamente a las plantas.
A partir de la crisis internacional el aceite de soja -insumo principal del biodiesel- ha caído un 50% en los últimos siete meses. Sólo en el mes de febrero se registró una caída de los valores de exportación en un 5.5%. Esta merma ha provocado que las empresas de biocombustibles del cordón industrial continúen en stand by hasta que el panorama aclare.
Federico Pochat, gerente general de Patagonia Bionergía, una de las industrias ubicadas en la ciudad de San Lorenzo, adelantó a punto biz, que la planta ya está operativamente lista y a la espera de que reanude la comercialización del biodiesel.
“Confiamos que el mercado internacional volverá a comprar biodiesel durante el mes de marzo, para embarcar en abril. Asimismo, estamos tratando que se permita la comercialización de nuestro biodiesel en el mercado local. Creemos que sería muy bueno, desde todo punto de vista, que la Argentina consuma biodiesel hecho en nuestro país”, dijo.
Los otros casos
La realidad de las empresas de biocombustibles ha cambiado notablemente en los últimos meses. Tanto Patagonia como Renova, Ecofuel (la fusión de AGD y Bunge en Terminal 6) y Explora (estas últimas en Puerto San Martín), la crisis internacional y el conflicto agropecuario, con las retenciones a la soja que provoca que los productores no comercialicen sus cupos, han paralizado o reducido al máximo, la producción en estas empresas.
En el mes de febrero, las exportaciones fueron de 63.914 toneladas a diferencia de las 75.494, registradas en enero, representando una caída del 5.5% con respecto al mes de diciembre y un 46% respecto a agosto del año pasado.
Por otra parte, el ingreso de exportaciones en Europa, comienza a dificultarse para las empresas argentinas. La Unión Europea está discutiendo barreras para-arancelarias que podrían eventualmente bloquear o penalizar económicamente al biodiesel de soja argentino.
Según explicaron desde Patagonia, a partir del 13 de marzo, las empresas de EEUU que exporten Biodiesel a la Unión Europa tendrán que pagar tarifas adicionales (desde €260 a €410 por tonelada, según la empresa) en concepto de derechos compensatorios, que buscan neutralizar el subsidio que los productores norteamericanos reciben al exportar biodiesel a Europa, que afectan tanto a los productores europeos como a los argentinos.
“El mercado europeo privilegia al biodiesel considerado “sustentable”, que es aquel que cumple ciertas condiciones de producción que le permiten, entre otras cosas, tener un balance de gases de efecto invernadero positivo (es decir, que generan menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que los combustibles que reemplazan, con un mínimo propuesto del 35% de ahorro con respecto a las emisiones que generan los combustibles fósiles); no fomentar la deforestación; etc.” Explicó Pochat quien agregó: “El Biodiesel Argentino a partir de aceite de soja es, desde todo punto de vista, uno de los biocombustibles más sustentables que existen y Patagonia Bioenergía, cumple ampliamente todas las normas de calidad de combustibles europeas y norteamericanas”
Pruebas exitosas
Patagonia Bioenergía S.A. una empresa dedicada a la producción y comercialización de biodiesel, está formada por dos empresas nacionales: Cazenave y Asociados S.A. - y Energía & Soluciones S.A. El gerente general de la planta anunció que en San Lorenzo, las pruebas de puesta en marcha han concluido con éxito.
“Sería bueno que comience a comercializarse el biodiesel para las cuentas fiscales ya que se reemplazaría gas-oil importado (que es caro por el transporte) con un producto nacional. Ayudaría a disminuir los faltantes crónicos de gas-oil en las estaciones de servicio, en especial durante las épocas de consumo pico y generaría mano de obra local (tanto en la producción como en la distribución)”, sostuvo Pochat.
PCB en Entre Ríos
Enersa aseguro que todos los transformadores de la empresa están libres de contaminación por PCB
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: Litoral Digital - APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la denuncia de un grupo de vecinos de San Salvador que se manifestaron preocupados por su salud a raíz de un depósito de transformadores de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima; el responsable de prensa de la compañía, Federico Gentile, aseguró a APF que los transformadores no son contaminantes • “La empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años”, afirmó
El intendente de San Salvador, Victor Hugo Vilhem, por su parte anticipó que los pobladores “van a ser informados” sobre el tema.
Un grupo de vecinos de San Salvador había presentado una nota al Municipio solicitando información y el pedido de relocalización de un depósito que la empresa estatal de energía tiene el centro de la ciudad. Los pobladores se sintieron movilizados ante la preocupación de que los aparatos representen daños para su salud.
Consultado al respecto, el responsable de prensa de Enersa, indicó: “Lo que estamos haciendo es contestar una nota que ellos mandaron explicándoles que la empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años. Todo lo que es líquido refrigerante fue eliminado”.
Además ante la inquietud de los ciudadanos de San Salvador, adelantó que “le vamos a entregar la nota con los certificados correspondientes y además si quieren podemos tener una reunión”.
Según entendió, la preocupación de los vecinos “es parte de un temor generalizado que tienen que ver con todo lo que son las instalaciones eléctricas” y en este sentido expresó que de acuerdo a los dichos de “la especialista en Toxicología de la Nación, no hay prueba cierta de que este tipo de instalaciones provoquen problemas físicos”, señaló.
Por su parte, el intendente Vilhem dijo que “confía” en lo dicho por Enersa y en este orden reiteró que “la gente de la empresa aseguró que los transformadores no tienen PCB”.
En respuesta a los vecinos además comentó que “desde la mesa ambiental del Concejo Deliberante se les va a pasar información. Yo estoy tranquilo, sé que genera temor”, reconoció por último en declaraciones a esta Agencia.
PCB
Los PCB son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.
Según el texto de la ley 25670, se considera PCB a: “los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm)”.
Estas sustancias fueron usadas como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, capacitores y termostatos, debido a su gran estabilidad térmica, química y biológica, así como por su elevada constante dieléctrica.
Sin embargo, durante la década de 1970 se determinó que los PCB podrían ser dañinos para las personas, animales y el medio ambiente, dado que no se degradan rápidamente y a que posteriores disposiciones permitían liberar considerables cantidades al medio ambiente. En investigaciones se encontraron PCB en el agua, suelo, humos, aire, líquidos y tejidos corporales tanto animales como humanos.
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: Litoral Digital - APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la denuncia de un grupo de vecinos de San Salvador que se manifestaron preocupados por su salud a raíz de un depósito de transformadores de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima; el responsable de prensa de la compañía, Federico Gentile, aseguró a APF que los transformadores no son contaminantes • “La empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años”, afirmó
El intendente de San Salvador, Victor Hugo Vilhem, por su parte anticipó que los pobladores “van a ser informados” sobre el tema.
Un grupo de vecinos de San Salvador había presentado una nota al Municipio solicitando información y el pedido de relocalización de un depósito que la empresa estatal de energía tiene el centro de la ciudad. Los pobladores se sintieron movilizados ante la preocupación de que los aparatos representen daños para su salud.
Consultado al respecto, el responsable de prensa de Enersa, indicó: “Lo que estamos haciendo es contestar una nota que ellos mandaron explicándoles que la empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años. Todo lo que es líquido refrigerante fue eliminado”.
Además ante la inquietud de los ciudadanos de San Salvador, adelantó que “le vamos a entregar la nota con los certificados correspondientes y además si quieren podemos tener una reunión”.
Según entendió, la preocupación de los vecinos “es parte de un temor generalizado que tienen que ver con todo lo que son las instalaciones eléctricas” y en este sentido expresó que de acuerdo a los dichos de “la especialista en Toxicología de la Nación, no hay prueba cierta de que este tipo de instalaciones provoquen problemas físicos”, señaló.
Por su parte, el intendente Vilhem dijo que “confía” en lo dicho por Enersa y en este orden reiteró que “la gente de la empresa aseguró que los transformadores no tienen PCB”.
En respuesta a los vecinos además comentó que “desde la mesa ambiental del Concejo Deliberante se les va a pasar información. Yo estoy tranquilo, sé que genera temor”, reconoció por último en declaraciones a esta Agencia.
PCB
Los PCB son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.
Según el texto de la ley 25670, se considera PCB a: “los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm)”.
Estas sustancias fueron usadas como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, capacitores y termostatos, debido a su gran estabilidad térmica, química y biológica, así como por su elevada constante dieléctrica.
Sin embargo, durante la década de 1970 se determinó que los PCB podrían ser dañinos para las personas, animales y el medio ambiente, dado que no se degradan rápidamente y a que posteriores disposiciones permitían liberar considerables cantidades al medio ambiente. En investigaciones se encontraron PCB en el agua, suelo, humos, aire, líquidos y tejidos corporales tanto animales como humanos.
Córdoba: "descubren" que la basura es rentable
Ahora, la basura le podría generar millonarios ingresos al municipio
Fecha de Publicación: 04/05/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El municipio iniciaría en 30 días el proceso licitatorio con el enviado del pliego de condiciones al Concejo Deliberante. Ya hay una propuesta de empresarios norteamericanos y hoy haría otro tanto un grupo chileno.
En 30 días la Municipalidad de Córdoba planea llamar a licitación pública el tratamiento de los residuos domiciliarios que genera la ciudad de Córdoba. Ya se ha presentado, a título de iniciativa privada, una oferta, y hoy se elevará una segunda. Se trata de dos grupos, uno de origen norteamericano y otro chileno
Dado que la basura es un problema histórico y que recientemente se produjera un conflicto de proporciones con la comuna de Bouwer -donde se entierran los residuos-, las propuestas han generado una serie de recelos, fundamentalmente en el Concejo Deliberante, al punto de que las autoridades municipales, tras estudiar las ofertas y previo al proceso licitatorio, quieren llevar una comitiva de concejales y funcionarios a Chile y Estados Unidos para vencer prevenciones que compliquen el proceso.
Es que el pasivo ambiental absoluto que hasta ahora representan las miles de toneladas que genera la ciudad, los residuos podrían transformarse en una fuente de millonarios ingresos para la Municipalidad, además de no representar costos el remanente que quede tras el reciclado.
En realidad, no habría más que trasladarse hasta Ezeiza o la ciudad de La Rioja, para comprobar lo que empresas nacionales realizan allí con innovadoras tecnologías de tratamiento.
Si los proyectos pueden ser verificados y se implementa un sistema de reciclado, el municipio pasará de pagar millones de pesos mensuales para el enterramiento, a percibir, de acuerdo a lo ofrecido por empresa norteamericana, el de 10% de lo producido en el emprendimiento. Una situación similar se presentaría con la firma de origen chileno.
Cabe aclarar que el Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas viene escribiendo y repitiendo desde hace años acerca de la producción por rescate del material reciclable o reutilizable. De acuerdo a su último informe se habla de cifras que oscilan en torno a los 125.000.000 de pesos anuales.
Todo esto enmarcado en un escenario global muy dificultoso ya que sólo seis meses atrás el plástico se vendía a 1,5 dólar el kilogramo mientras que ahora sólo se consiguen 0,15 dólar por el mismo peso (por la caída del precio del petróleo).
Composición
Nuestros residuos están compuestos de 10% de plásticos cuyo valor es de 600 pesos la tonelada; 5% de vidrios a 200 pesos la tonelada; 5% de metales a 1.400 pesos la tonelada; 10% de papel a 200 pesos la tonelada; 16% de compost a 200 pesos la tonelada.
La mitad de los habitantes de la provincia viven en Córdoba Capital, mientras que el resto lo hace en 426 localidades, de las cuales 190 tienen menos de 1.000 habitantes; 160 tienen entre 1.000 y 6.000; 60 entre 6.000 y 24.000; 10 entre 24.000 y 48.000; y 6 entre 48.000 y 192.000.
Las 190 localidades de menos de 1.000 habitantes generan, en promedio, 200 toneladas de basura al año. Con conocimientos simples de aritmética y un remanente de ganas de trabajar llegamos a que se puede rescatar de esta basura y sin traslado alguno, entre 40.000 y 80.000 pesos anuales. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, una o a lo sumo dos personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 10.000 a 12.000 pesos para la compra de herramientas y capacitación.
O sea que con una inversión total de 2.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 190 localidades en las que viven 100.000 personas preocupadas y agredidas por el destrato de sus desechos y, como si esto fuera poco, se le daría trabajo genuino a 325 familias.
Las 160 localidades de más de 1.000 habitantes y menos de 6.000 generan en promedio 1.400 toneladas al año de basura, de las cuales se puede rescatar entre 80.000 y 480.000 pesos al año. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, dos a 10 personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 20.000 a 50.000 pesos para la compra de herramientas, galpón y capacitación. O sea que con una inversión total de 6.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 160 localidades, de casi 450.000 personas y se les daría trabajo genuino a 1.200 familias.
Si seguimos con este ejercicio, nos daremos cuenta fácilmente que el problema tiene una solución sencilla, aplicable, fuertemente dependiente de la capacitación, que genera empleo legal y por sobre todo que nos evita el grotesco planteado durante una década de la comparsa de los camiones de basura en nuestras rutas ya de por sí congestionadas.
Fecha de Publicación: 04/05/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El municipio iniciaría en 30 días el proceso licitatorio con el enviado del pliego de condiciones al Concejo Deliberante. Ya hay una propuesta de empresarios norteamericanos y hoy haría otro tanto un grupo chileno.
En 30 días la Municipalidad de Córdoba planea llamar a licitación pública el tratamiento de los residuos domiciliarios que genera la ciudad de Córdoba. Ya se ha presentado, a título de iniciativa privada, una oferta, y hoy se elevará una segunda. Se trata de dos grupos, uno de origen norteamericano y otro chileno
Dado que la basura es un problema histórico y que recientemente se produjera un conflicto de proporciones con la comuna de Bouwer -donde se entierran los residuos-, las propuestas han generado una serie de recelos, fundamentalmente en el Concejo Deliberante, al punto de que las autoridades municipales, tras estudiar las ofertas y previo al proceso licitatorio, quieren llevar una comitiva de concejales y funcionarios a Chile y Estados Unidos para vencer prevenciones que compliquen el proceso.
Es que el pasivo ambiental absoluto que hasta ahora representan las miles de toneladas que genera la ciudad, los residuos podrían transformarse en una fuente de millonarios ingresos para la Municipalidad, además de no representar costos el remanente que quede tras el reciclado.
En realidad, no habría más que trasladarse hasta Ezeiza o la ciudad de La Rioja, para comprobar lo que empresas nacionales realizan allí con innovadoras tecnologías de tratamiento.
Si los proyectos pueden ser verificados y se implementa un sistema de reciclado, el municipio pasará de pagar millones de pesos mensuales para el enterramiento, a percibir, de acuerdo a lo ofrecido por empresa norteamericana, el de 10% de lo producido en el emprendimiento. Una situación similar se presentaría con la firma de origen chileno.
Cabe aclarar que el Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas viene escribiendo y repitiendo desde hace años acerca de la producción por rescate del material reciclable o reutilizable. De acuerdo a su último informe se habla de cifras que oscilan en torno a los 125.000.000 de pesos anuales.
Todo esto enmarcado en un escenario global muy dificultoso ya que sólo seis meses atrás el plástico se vendía a 1,5 dólar el kilogramo mientras que ahora sólo se consiguen 0,15 dólar por el mismo peso (por la caída del precio del petróleo).
Composición
Nuestros residuos están compuestos de 10% de plásticos cuyo valor es de 600 pesos la tonelada; 5% de vidrios a 200 pesos la tonelada; 5% de metales a 1.400 pesos la tonelada; 10% de papel a 200 pesos la tonelada; 16% de compost a 200 pesos la tonelada.
La mitad de los habitantes de la provincia viven en Córdoba Capital, mientras que el resto lo hace en 426 localidades, de las cuales 190 tienen menos de 1.000 habitantes; 160 tienen entre 1.000 y 6.000; 60 entre 6.000 y 24.000; 10 entre 24.000 y 48.000; y 6 entre 48.000 y 192.000.
Las 190 localidades de menos de 1.000 habitantes generan, en promedio, 200 toneladas de basura al año. Con conocimientos simples de aritmética y un remanente de ganas de trabajar llegamos a que se puede rescatar de esta basura y sin traslado alguno, entre 40.000 y 80.000 pesos anuales. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, una o a lo sumo dos personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 10.000 a 12.000 pesos para la compra de herramientas y capacitación.
O sea que con una inversión total de 2.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 190 localidades en las que viven 100.000 personas preocupadas y agredidas por el destrato de sus desechos y, como si esto fuera poco, se le daría trabajo genuino a 325 familias.
Las 160 localidades de más de 1.000 habitantes y menos de 6.000 generan en promedio 1.400 toneladas al año de basura, de las cuales se puede rescatar entre 80.000 y 480.000 pesos al año. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, dos a 10 personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 20.000 a 50.000 pesos para la compra de herramientas, galpón y capacitación. O sea que con una inversión total de 6.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 160 localidades, de casi 450.000 personas y se les daría trabajo genuino a 1.200 familias.
Si seguimos con este ejercicio, nos daremos cuenta fácilmente que el problema tiene una solución sencilla, aplicable, fuertemente dependiente de la capacitación, que genera empleo legal y por sobre todo que nos evita el grotesco planteado durante una década de la comparsa de los camiones de basura en nuestras rutas ya de por sí congestionadas.
Argentina es casi un experimento masivo
“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
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Un modelo energético agotado
Un modelo energético agotado
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
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