La polémica de los zoológicos ahora en Tucumán
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¿El fin de los zoológicos?: La polémica se traslada a Tucumán
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Demanda récord de energía eléctrica
Por la ola de calor, la demanda eléctrica alcanzó nuevo récord
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Llegó ayer a 26.320 megavatios a las 15:35, debido a las altas temperaturas que se registraron en el centro y el norte del país, informó el Ministerio de Energía.
La demanda de electricidad alcanzó ayer 26.320 megavatios a las 15:35, un nuevo récord nacional, a raíz de la ola de calor que se registró en el centro y norte del país, informó el Ministerio de Energía.
A través de la red social Twitter, esta cartera informó que esa demanda “se cubrió con un nivel óptimo de reservas de 1.800 MW” y que el récord previo se produjo el 6 de febrero con 25.994 MW.
En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que concentran unos 12 millones de habitantes, la temperatura máxima ascendió a 36 grados.
Fuentes empresariales destacaron que en febrero de 2016 se alcanzó un récord cercano en 24.500 megawatios, y en ese momento hizo falta importar 2.000 megawatios de Brasil.
Hoy, con un récord de 26.320 MW, es decir, 10% más de demanda, “no se importó nada y quedó una reserva de 1.800 megas, producto de la inauguración de algunas centrales y una mayor eficiencia en el manejo del parque eléctrico”, precisó la fuente.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Llegó ayer a 26.320 megavatios a las 15:35, debido a las altas temperaturas que se registraron en el centro y el norte del país, informó el Ministerio de Energía.
La demanda de electricidad alcanzó ayer 26.320 megavatios a las 15:35, un nuevo récord nacional, a raíz de la ola de calor que se registró en el centro y norte del país, informó el Ministerio de Energía.
A través de la red social Twitter, esta cartera informó que esa demanda “se cubrió con un nivel óptimo de reservas de 1.800 MW” y que el récord previo se produjo el 6 de febrero con 25.994 MW.
En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que concentran unos 12 millones de habitantes, la temperatura máxima ascendió a 36 grados.
Fuentes empresariales destacaron que en febrero de 2016 se alcanzó un récord cercano en 24.500 megawatios, y en ese momento hizo falta importar 2.000 megawatios de Brasil.
Hoy, con un récord de 26.320 MW, es decir, 10% más de demanda, “no se importó nada y quedó una reserva de 1.800 megas, producto de la inauguración de algunas centrales y una mayor eficiencia en el manejo del parque eléctrico”, precisó la fuente.
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Paraná: que se vetó de la ordenanza anti glifosato?
Cuáles son los artículos vetados de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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En Chaco aseguran que cumplen con la Ley de Bosques
El Chaco frenó la deforestación y cumple con las reglas de juego de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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Muerte de peces en el Litoral: ¿calor o agroquímicos?
Alerta por la gran mortandad de peces en los ríos del litoral argentino
Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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La Pampa sigue ardiendo
Desastre en La Pampa: los incendios destruyeron 700 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: La Pampa
Los incendios en La Pampa ya arrasaron con 700 mil hectáreas de monte de caldén, pastizales y campos productivos. Ahora las altas temperaturas, alrededor de los 40ºC, desatan incendios diarios en la zonas de Toay -cercana a la capital provincial-, en General Acha y La Adela, en el límite con Río Negro.
Por los incendios forestales se postergó el inicio de la caza deportiva en campos prevista para el 1º de febrero, una actividad que convoca a cazadores de España y Estados Unidos. También de países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra. La caza, una fuente de ingresos de divisas para La Pampa, iniciará su temporada el 1º de marzo.
Unas de las polémicas desatadas en La Pampa involucra al ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno -a cargo de Defensa Civil, el área que combate los incendios rurales- a quien se le quemó su campo, y donde no estaban mantenidas las picadas, una lonja de campo que se 'limpia' de vegetación y pastizales, para frenar los incendios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas le inició un sumario por esa negligencia.
Del total de hectáreas afectadas por el fuego, el 50% se quemó desde el 24 de enero. En la última semana el fuego arrasó con monte de caldén y campos en la zona de General Acha, en el departamento de Utracán. Uno de los establecimientos arrasados es la estancia Curacó, propiedad de la familia Trappa -dueños de la empresa de colectivos Vía Bariloche- y con premios en la rural de Palermo por su genética en la raza Angus. La estancia Curacó está ubicada a 30 kilómetros al sudoeste de General Acha.
En la misma zona, en cercanías de El Carancho, el fuego arrasó con el campo de Carlos Mora, un pequeño productor de 75 años. Cría animales, vacunos y chivas, junto a su esposa. El fuego ingreso a su campo el viernes 2 de febrero y arrasó con cientos de hectáreas: le quemó 50 vacas y 90 chivas.
Los departamentos más afectados por los incendios son los de Utracán, Lihuel Calel y Hucal en la zona centro sur y sureste de La Pampa.
Durante el fin de semana los focos se desataron en cercanías de Toay. Trabajaron cuadrillas de la Dirección de Defensa Civil en un foco de incendio desatado en la "Chacra de Bilbao", en esa localidad. También hubo focos de las rutas 154 y 32 en la localidad de La Adela, en el sureste de La Pampa. Otro foco registrado en ruta 20, conocida como la "Ruta del Desierto", a la altura del kilómetro 301 se controló en la tarde del domingo.
También se reactivó y se controló otro incendio en la localidad de Toay sobre el loteo “Las Cortaderas”.
En los distintos focos, trabajan brigadistas de Defensa Civil, bomberos de Córdoba, de San Luis y personal del Plan Nacional de Manejo de Fuego.
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Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: La Pampa
Los incendios en La Pampa ya arrasaron con 700 mil hectáreas de monte de caldén, pastizales y campos productivos. Ahora las altas temperaturas, alrededor de los 40ºC, desatan incendios diarios en la zonas de Toay -cercana a la capital provincial-, en General Acha y La Adela, en el límite con Río Negro.
Por los incendios forestales se postergó el inicio de la caza deportiva en campos prevista para el 1º de febrero, una actividad que convoca a cazadores de España y Estados Unidos. También de países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra. La caza, una fuente de ingresos de divisas para La Pampa, iniciará su temporada el 1º de marzo.
Unas de las polémicas desatadas en La Pampa involucra al ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno -a cargo de Defensa Civil, el área que combate los incendios rurales- a quien se le quemó su campo, y donde no estaban mantenidas las picadas, una lonja de campo que se 'limpia' de vegetación y pastizales, para frenar los incendios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas le inició un sumario por esa negligencia.
Del total de hectáreas afectadas por el fuego, el 50% se quemó desde el 24 de enero. En la última semana el fuego arrasó con monte de caldén y campos en la zona de General Acha, en el departamento de Utracán. Uno de los establecimientos arrasados es la estancia Curacó, propiedad de la familia Trappa -dueños de la empresa de colectivos Vía Bariloche- y con premios en la rural de Palermo por su genética en la raza Angus. La estancia Curacó está ubicada a 30 kilómetros al sudoeste de General Acha.
En la misma zona, en cercanías de El Carancho, el fuego arrasó con el campo de Carlos Mora, un pequeño productor de 75 años. Cría animales, vacunos y chivas, junto a su esposa. El fuego ingreso a su campo el viernes 2 de febrero y arrasó con cientos de hectáreas: le quemó 50 vacas y 90 chivas.
Los departamentos más afectados por los incendios son los de Utracán, Lihuel Calel y Hucal en la zona centro sur y sureste de La Pampa.
Durante el fin de semana los focos se desataron en cercanías de Toay. Trabajaron cuadrillas de la Dirección de Defensa Civil en un foco de incendio desatado en la "Chacra de Bilbao", en esa localidad. También hubo focos de las rutas 154 y 32 en la localidad de La Adela, en el sureste de La Pampa. Otro foco registrado en ruta 20, conocida como la "Ruta del Desierto", a la altura del kilómetro 301 se controló en la tarde del domingo.
También se reactivó y se controló otro incendio en la localidad de Toay sobre el loteo “Las Cortaderas”.
En los distintos focos, trabajan brigadistas de Defensa Civil, bomberos de Córdoba, de San Luis y personal del Plan Nacional de Manejo de Fuego.
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Advierten sobre aludes en Mendoza
Alerta científica: habrá más aludes en la alta montaña
Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Tres aludes que se produjeron entre la tarde del domingo y ayer sobre la Ruta 7, en las inmediaciones de Uspallata, obligaron a interrumpir el tránsito durante varias horas -o dejar una sola vía- ante el peligro que esto representaba para los conductores. Según los especialistas, esta situación tiene tendencia a incrementarse por el calentamiento global.
Recordemos que no es la primera vez que se debe suspender, por este motivo, la circulación de vehículos en la alta montaña mendocina. Por citar algunos, en los últimos años hubo varios eventos destacables.
En 2013 cuatro aludes consecutivos obligaron a cortar el tránsito en la ruta internacional. En 2015 se registraron 55 fenómenos en 29 días y en 2016 un poderoso temporal tiró abajo el puente ubicado sobre el arroyo El Tigre que obligó a traer un puente portátil -Bailey- desde Entre Ríos.
Recurrentes
Stella Moreiras es doctora en Geología e investigadora del Conicet y ha dedicado su carrera profesional a estudiar estos fenómenos. La especialista advirtió que el primer suceso ocurrido el pasado domingo, en Ranchillos, tiene una recurrencia de 30 años, aproximadamente.
En tanto, el alud - el término técnico es flujo de detritos- que se produjo en la Quebrada Seca es mucho más frecuente ya que tiene una ocurrencia de un evento cada cuatro años.
Ésta es la zona más problemática del corredor bioceánico. En tanto el tercer desprendimiento de roca ocurrió entre el kilómetro 1.138 y el túnel 10 de la misma ruta.
Según un trabajo realizado por ella para el Conicet, grandes flujos de detritos se han registrado en la Quebrada Seca en los años 1974, 1976, 1980, 1983, 1999, 2000, 2006, 2007, 2013 y 2015 que sepultó dos máquinas viales de una empresa constructora. El evento mayor fue el de 2007, que movilizó un volumen de 33.500 metros cúbicos.
Respecto de la Quebrada Seca dijo además que la recurrencia es grande porque abarca un área extensa en la que tributan dos cuencas. "Siempre se están generando flujos de detritos con frecuencia muy alta porque en una de las dos cuencas siempre llueve" aclaró.
En tanto, en el caso de Ranchillos se trata de un evento extraordinario. De hecho, el último registro data de 1982 cuando en esa zona un alud arrastró un puente.
"Tiene una recurrencia de aproximadamente 30 años. Otro elemento a tener en cuenta es que ese año, como éste, estaba presente la corriente del Niño". De todas formas, indicó que los aludes no son fenómenos que se han dado solamente en los últimos años, aunque advirtió que serán cada vez más frecuentes.
"Estos procesos siempre se han producido; hay registros muy antiguos. Lo que sucede es que a veces no afectan la ruta y pasan desapercibidos", explicó la especialista, quien también es docente de la facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo).
Según indicó Moreiras, las causas de este alud están relacionadas con el cambio climático. "Son precipitaciones que se producen en poco tiempo, que vienen desde el Atlántico y con el cambio climático global se han intensificado. A ello hay que sumarle la cantidad de sedimento presente en el cauce", informó la geóloga.
Vale destacar que se pueden dar otro tipo de aludes también gestados por el calentamiento global. Moreiras recordó al respecto los que han sucedido en la quebrada de La Salada, Los Grises o Arroyo Negro, debido al calentamiento excepcional de los glaciares. La geóloga explicó que cada alud tiene sus características particulares y que a lo largo de la ruta internacional 7 deben ser estudiados específicamente.
Un problema
Moreiras explicó que en el momento en que se hizo la ruta internacional a Chile, en 1942, se proyectaron alcantarillas en función de cursos de agua pensados como portadores de agua.
Lo que sucede es que estos se saturan, trayendo sedimento - detritos- como bloques de barro que tienen un volumen tres veces más grande que lo pensado para esas alcantarillas. Cuando eso sucede, la ruta colapsa.
La investigadora del Conicet considera que debería volverse a estudiar todas las obras que hay, haciendo foco en las canalizaciones que se han hecho ya que a veces sólo se solucionan los problemas con "parches". "Pero esos cálculos deben hacerse con el volumen de detritos de cada caso particular", indicó.
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Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Tres aludes que se produjeron entre la tarde del domingo y ayer sobre la Ruta 7, en las inmediaciones de Uspallata, obligaron a interrumpir el tránsito durante varias horas -o dejar una sola vía- ante el peligro que esto representaba para los conductores. Según los especialistas, esta situación tiene tendencia a incrementarse por el calentamiento global.
Recordemos que no es la primera vez que se debe suspender, por este motivo, la circulación de vehículos en la alta montaña mendocina. Por citar algunos, en los últimos años hubo varios eventos destacables.
En 2013 cuatro aludes consecutivos obligaron a cortar el tránsito en la ruta internacional. En 2015 se registraron 55 fenómenos en 29 días y en 2016 un poderoso temporal tiró abajo el puente ubicado sobre el arroyo El Tigre que obligó a traer un puente portátil -Bailey- desde Entre Ríos.
Recurrentes
Stella Moreiras es doctora en Geología e investigadora del Conicet y ha dedicado su carrera profesional a estudiar estos fenómenos. La especialista advirtió que el primer suceso ocurrido el pasado domingo, en Ranchillos, tiene una recurrencia de 30 años, aproximadamente.
En tanto, el alud - el término técnico es flujo de detritos- que se produjo en la Quebrada Seca es mucho más frecuente ya que tiene una ocurrencia de un evento cada cuatro años.
Ésta es la zona más problemática del corredor bioceánico. En tanto el tercer desprendimiento de roca ocurrió entre el kilómetro 1.138 y el túnel 10 de la misma ruta.
Según un trabajo realizado por ella para el Conicet, grandes flujos de detritos se han registrado en la Quebrada Seca en los años 1974, 1976, 1980, 1983, 1999, 2000, 2006, 2007, 2013 y 2015 que sepultó dos máquinas viales de una empresa constructora. El evento mayor fue el de 2007, que movilizó un volumen de 33.500 metros cúbicos.
Respecto de la Quebrada Seca dijo además que la recurrencia es grande porque abarca un área extensa en la que tributan dos cuencas. "Siempre se están generando flujos de detritos con frecuencia muy alta porque en una de las dos cuencas siempre llueve" aclaró.
En tanto, en el caso de Ranchillos se trata de un evento extraordinario. De hecho, el último registro data de 1982 cuando en esa zona un alud arrastró un puente.
"Tiene una recurrencia de aproximadamente 30 años. Otro elemento a tener en cuenta es que ese año, como éste, estaba presente la corriente del Niño". De todas formas, indicó que los aludes no son fenómenos que se han dado solamente en los últimos años, aunque advirtió que serán cada vez más frecuentes.
"Estos procesos siempre se han producido; hay registros muy antiguos. Lo que sucede es que a veces no afectan la ruta y pasan desapercibidos", explicó la especialista, quien también es docente de la facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo).
Según indicó Moreiras, las causas de este alud están relacionadas con el cambio climático. "Son precipitaciones que se producen en poco tiempo, que vienen desde el Atlántico y con el cambio climático global se han intensificado. A ello hay que sumarle la cantidad de sedimento presente en el cauce", informó la geóloga.
Vale destacar que se pueden dar otro tipo de aludes también gestados por el calentamiento global. Moreiras recordó al respecto los que han sucedido en la quebrada de La Salada, Los Grises o Arroyo Negro, debido al calentamiento excepcional de los glaciares. La geóloga explicó que cada alud tiene sus características particulares y que a lo largo de la ruta internacional 7 deben ser estudiados específicamente.
Un problema
Moreiras explicó que en el momento en que se hizo la ruta internacional a Chile, en 1942, se proyectaron alcantarillas en función de cursos de agua pensados como portadores de agua.
Lo que sucede es que estos se saturan, trayendo sedimento - detritos- como bloques de barro que tienen un volumen tres veces más grande que lo pensado para esas alcantarillas. Cuando eso sucede, la ruta colapsa.
La investigadora del Conicet considera que debería volverse a estudiar todas las obras que hay, haciendo foco en las canalizaciones que se han hecho ya que a veces sólo se solucionan los problemas con "parches". "Pero esos cálculos deben hacerse con el volumen de detritos de cada caso particular", indicó.
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Río Negro: Nación inciste con la Central Nuclear
Nación fuerza la estrategia para insistir en la central nuclear
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Por qué NO
Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.
El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.
No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande). Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)
Por qué SÍ
Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.
No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.
Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.
Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes –seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.
Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable. Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)
Contradicciones y necesidades
Por Sergio Ceci - sgceci@gmail.com
La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.
Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.
En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.
Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.
El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.
Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.
Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.
Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado
15/5/17. Weretilneck y Macri anuncian desde China que en Río Negro se construirá una central nuclear.
30/5/17. El secretario de Energía, Julián Gadano, dice en Viedma que la planta “estará en la costa atlántica”.
Junio. Un mes en el que entidades y sectores de la Iglesia se organizan en contra de esa instalación.
Ocho meses de idas y vueltas
Fines de julio. El arribo de técnicos chinos acentúa las protestas en Viedma. Iribarren le propone Sierra Grande a Macri.
1/8/17. Weretilneck anuncia que Viedma queda descartada de los posibles lugares de localización.
9/8/17. Marcha antinuclear en Viedma. Tres días después, el oficialismo provincial pierde en las PASO.
1/9/17. La Legislatura sancionó la ley de prohibición: 44 votos a favor y uno en contra (la macrista Daniela Agostino).
25/8/17. Weretilneck anunció que el gobierno desiste de la instalación de la planta. Presentó luego un proyecto de ley.
22/10/17. El senador Pichetto dice en Sierra Grande que la central debe retomarse y ser instalada en esa ciudad.
15/11/17. El Concejo aprobó el llamado a consulta popular. Iribarren dispone que se haga el 17/12.
17/12/17. La consulta “no vinculante” arrojó 251 votos (15%) por el NO y 1.419 (85%) para el SI. Votó el 24% del padrón.
10/1/18. Macri insistió ante Weretilneck: quiere la central en Río Negro. Luego lo reiteró a los diputados Wisky y Matzen.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.
La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.
Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.
Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.
El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.
A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.
Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.
La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.
En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.
Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.
Por qué NO
Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.
El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.
No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande). Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)
Por qué SÍ
Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.
No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.
Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.
Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes –seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.
Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable. Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)
Contradicciones y necesidades
Por Sergio Ceci - sgceci@gmail.com
La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.
Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.
En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.
Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.
El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.
Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.
Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.
Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado
15/5/17. Weretilneck y Macri anuncian desde China que en Río Negro se construirá una central nuclear.
30/5/17. El secretario de Energía, Julián Gadano, dice en Viedma que la planta “estará en la costa atlántica”.
Junio. Un mes en el que entidades y sectores de la Iglesia se organizan en contra de esa instalación.
Ocho meses de idas y vueltas
Fines de julio. El arribo de técnicos chinos acentúa las protestas en Viedma. Iribarren le propone Sierra Grande a Macri.
1/8/17. Weretilneck anuncia que Viedma queda descartada de los posibles lugares de localización.
9/8/17. Marcha antinuclear en Viedma. Tres días después, el oficialismo provincial pierde en las PASO.
1/9/17. La Legislatura sancionó la ley de prohibición: 44 votos a favor y uno en contra (la macrista Daniela Agostino).
25/8/17. Weretilneck anunció que el gobierno desiste de la instalación de la planta. Presentó luego un proyecto de ley.
22/10/17. El senador Pichetto dice en Sierra Grande que la central debe retomarse y ser instalada en esa ciudad.
15/11/17. El Concejo aprobó el llamado a consulta popular. Iribarren dispone que se haga el 17/12.
17/12/17. La consulta “no vinculante” arrojó 251 votos (15%) por el NO y 1.419 (85%) para el SI. Votó el 24% del padrón.
10/1/18. Macri insistió ante Weretilneck: quiere la central en Río Negro. Luego lo reiteró a los diputados Wisky y Matzen.
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Capturan un buque español pescando ilegalmente
Pesca ilegal: capturan un buque español con 320 toneladas de pescado en la zona exclusiva argentina
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Prefectura Naval dio con un buque español que operaba ilegalmente en la zona económica exclusiva argentina frente a la costa de Comodoro Rivadavia y con una carga de más de 320 toneladas de pescado.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pesquero, identificado como Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora, 12,50 metros de manga y 44 tripulantes, había zarpado el 11 de enero de Montevideo, Uruguay .
"Se estimó que la cantidad de pescado fresco almacenado superaba las 320 toneladas y estaba valuado en una suma millonaria", informó ayer Seguridad según lo publicado por la agencia Télam.
El barco fue interceptado cuando operaba en la zona económica exclusiva argentina (Zeea), que cuenta con especial protección para los recursos pesqueros, por el guardacostas GC 27 Fique, desde donde le ordenaron por radio al capitán detener la navegación y no levantar la red que tenía desplegada en el mar.
Luego de que se acatara la orden, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Dirección Nacional de Pesca. Las primeras estimaciones indican que el pescado fresco capturado incluía merluza, abadejo, calamar y raya, entre otras especies marinas.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , indicó: "Con las fuerzas federales trabajamos para proteger los recursos que son de todos los argentinos. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en las aguas para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley".
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Prefectura Naval dio con un buque español que operaba ilegalmente en la zona económica exclusiva argentina frente a la costa de Comodoro Rivadavia y con una carga de más de 320 toneladas de pescado.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el pesquero, identificado como Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora, 12,50 metros de manga y 44 tripulantes, había zarpado el 11 de enero de Montevideo, Uruguay .
"Se estimó que la cantidad de pescado fresco almacenado superaba las 320 toneladas y estaba valuado en una suma millonaria", informó ayer Seguridad según lo publicado por la agencia Télam.
El barco fue interceptado cuando operaba en la zona económica exclusiva argentina (Zeea), que cuenta con especial protección para los recursos pesqueros, por el guardacostas GC 27 Fique, desde donde le ordenaron por radio al capitán detener la navegación y no levantar la red que tenía desplegada en el mar.
Luego de que se acatara la orden, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Dirección Nacional de Pesca. Las primeras estimaciones indican que el pescado fresco capturado incluía merluza, abadejo, calamar y raya, entre otras especies marinas.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , indicó: "Con las fuerzas federales trabajamos para proteger los recursos que son de todos los argentinos. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en las aguas para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley".
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Resistencia social en la Patagonia a los residuos petroleros
La Patagonia argentina se rebela contra los residuos petroleros
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Patagonia
El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.
La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.
Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes.
El intendente (alcalde) calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.
Se está a la espera ahora la decisión judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.
“La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”, agregó.
Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.
Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro.
Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.
El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.
Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas.
También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.
Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”.
Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Patagonia
El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.
La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.
Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes.
El intendente (alcalde) calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.
Se está a la espera ahora la decisión judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.
“La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”, agregó.
Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.
Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro.
Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.
El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.
Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas.
También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.
Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”.
Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.
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La UNL experimenta en producir biohidrógeno
Buscan producir biohidrógeno a partir de residuos agrícolas
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.
Investigadores santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus derivados.
Se trata de un trabajo del Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del Instituto de Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. “Las energías renovables son todo lo contrario al petróleo y permiten generar recursos a partir de materia prima que no se agote. En nuestro caso trabajamos con biomasa, que es una de las más estudiadas en este momento en Argentina, ya que producimos muchos residuos agrícolas. La biomasa está transformando el mundo y nosotros trabajamos en lo que se conoce como Química Verde”, explicó Carlos Apesteguía, director del equipo que componen también Eugenia Sad y Hernán Duarte.
La clave de la investigación reside en la catálisis, que implica la utilización de compuestos químicos para acelerar reacciones, en este caso producir biohidrógeno.
Biomasa
Existen dos tipos de biomasa: la que sirve para consumo humano, lo que implica que no sea sustentable para usar como energía; y la biomasa de desechos, que es la que utiliza el grupo de investigación para generar combustible. “Estudiamos la posibilidad de obtener un vector energético diferente de las naftas. El hidrógeno es la molécula más liviana que existe, pero es un combustible muy eficaz, ya que un kilo contiene tres veces más energía que un kilo de nafta. También es un importante insumo en la industria química”, apuntó Apesteguía.
Actualmente, en el mundo se producen 550 mil millones de metros cúbicos de hidrógeno por año, de los cuales 96% se obtiene por reformado de combustibles fósiles (48% gas natural, 30% del petróleo y 18% del carbón) con vapor de agua. Sin embargo, el hidrógeno será una solución viable sólo cuando se obtenga a partir de recursos renovables.
“Todos los desechos agrícolas del arroz, del trigo, de los árboles, por ejemplo, poseen celulosa, hemicelulosa y lignina, que sirven para extraer azúcares de cinco (pentosas) y seis carbonos (hexosas). Mediante un proceso catalítico, trabajamos para extraer una molécula de hidrógeno”, sintetizó Duarte, que elaboró su tesis de doctorado sobre el tema.
Se trata de un proceso novedoso, que no tiene antecedentes en el país, que aspira a ser eficiente técnicamente a partir de los residuos, renovable, no contaminante y cuyo resultado sea la obtención de hidrógeno puro. “El biohidrógeno se puede utilizar como combustible para el transporte o como insumo para las refinerías, entre otro usos”, continuó Sad.
Catalizador
El sistema, denominado Reformado en Fase Acuosa, implica el uso de un reactor que procesa azúcar y la aplicación de un compuesto que acelera la reacción (el catalizador) para convertirla en una parte líquida y una parte gaseosa, el hidrógeno. “El catalizador posee sólo entre 1% y 3% de platino, por lo cual no es costoso. El desafío de nuestro trabajo es lograr producir más hidrógeno con la menor cantidad de catalizador y que éste se pueda reutilizar muchas veces. Hasta el momento obtuvimos muy buenos resultados”, finalizó Apesteguía.
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Datos preocupantes de la gestión de RSU en Santa Fe
Santa Fe genera un 26 % más de basura que hace 5 años pero se recupera menos
Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
En 2011 se recolectaron casi 132 mil toneladas y en 2016, 167 mil (26% más). La política de separación en domicilio no está funcionando bien: año a año hay una permanente disminución de las toneladas ingresadas a la planta de recuperación: 6.500 en 2011 y 2.800 en 2016.
El Municipio busca nuevas estrategias para optimizar la gestión general de los residuos. Incorporará tecnología al servicio de recolección, hará un seguimiento firme de microbasurales y lanzará nuevas campañas de difusión porque “el vecino es el socio principal”, sostienen.
La gestión de los residuos sólidos que genera la ciudadanía santafesina tiene varios desafíos por delante. La cantidad de basura que llega al relleno sanitario se ha incrementado en los últimos años -un 26 % más entre 2011 y 2016-, la separación en domicilio entre húmedo y seco viene en caída -ingresó un 32% menos en 2016 respecto a 2014- y no se han logrado erradicar los microbasurales ni la actividad de recolectores informales. El problema está tanto en el proceso de recolección y tratamiento, como en la generación. Es decir, involucra al Estado -que debe impulsar las políticas y ejercer el control- pero también a los vecinos -sucios, descuidados y descomprometidos, en muchos casos.
En la Municipalidad lo saben (todos los datos están compilados en el último Santa Fe Cómo Vamos (2016), que elaboraron junto con la Bolsa de Comercio). Por eso es uno de los principales ejes de trabajo -con objetivos y plazos de acción- en la Estrategia de Resiliencia que presentó el año pasado en el marco del Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller. Además, en diciembre elevaron de categoría a la anterior Subsecretaría de Ambiente -que ahora es Secretaría-, con varias metas por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto cualitativo en sus políticas ambientales, al inaugurar la nueva planta de relleno sanitario, al oeste de la circunvalación, e implementar la separación en origen con días distintos para sacar residuos secos y húmedos. Si bien no hay una normativa que obligue a hacerlo, y multe a quien no cumpla, el servicio de recolección diferenciada sí está garantizado para toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo fuertes campañas de concientización que lograron una alta adhesión inicial de la ciudadanía. Luego todo se relajó y el entusiasmo inicial se diluyó: el primer año (2011) ingresaron a la planta de recuperación 6.543 toneladas; en 2016, 2.868. Pero a su vez, el material recuperado y comercializado también viene disminuyendo: 951 tn en 2011 contra 650 en 2016. Mientras tanto, al relleno ingresa cada vez más basura: 131.977 tn en 2011, 167.033 tn en 2016. (Ver cuadro) Aquí es necesario aclarar dos puntos: por un lado, localidades del departamento La Capital comenzaron a arrojar su basura en el relleno sanitario, algunas en forma esporádica (como Rincón, que lo hizo en épocas de crecidas); por otro, ha aumentado la recolección de grandes generadores que antes usaban cavas o terrenos baldíos para deshacerse de sus residuos.
Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. “Vamos a aprovechar el camino recorrido y todo lo que se ha avanzado en gestión de residuos sólidos urbanos, pero también tenemos la necesidad de afrontar nuevos desafíos”, afirma mientras delinea los dos ejes principales sobre los que apoyará todas las políticas planteadas: mejorar el servicio que prestan las empresas y el propio municipio y sensibilizar para llegar con mejor información a los vecinos, que “son los principales socios”.
La incorporación de tecnología en el servicio de recolección será clave para optimizar el control, que hoy se realiza, básicamente, con verificadores: “Necesitamos tener elementos fiables y diseñar indicadores para conocer con mayor certeza lo que efectivamente hacen las empresas y el propio municipio”. Para eso se sumará un sistema informático diseñado específicamente para que el control sea más fiable y rápido, permita tomar decisiones en tiempo real y genere indicadores para evaluar el sistema y hacer modificaciones. “Con tecnología se puede saber si efectivamente los camiones pasan por las zonas pautadas, y si no pasan ver por qué”, citó como ejemplo.
Respecto a la separación en origen “no es buena hoy, ése es el diagnóstico, se puede mejorar y tiene un gran potencial”, se sinceró el funcionario. “La basura a la planta llega sucia, es decir mal separada, y no se puede aprovechar”, agregó. La idea es relanzar, en marzo, campañas de concientización para involucrar a más zonas de la ciudad e insistir con la colocación de cestos en altura.
La recolección de montones y el proceso de barrido también tienen dificultades. “Estamos rediseñando estas tareas, tanto en lugares como en la forma en que se realiza”. Una de las medidas que se evalúa es establecer días y horarios en los que se cambie la mano de estacionamiento de los autos para favorecer la limpieza. “Estamos muestreando algunas zonas para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los microbasurales, que por lo general se forman por residuos domiciliarios o restos que dejan recolectores informales en barrios del oeste, el norte y algunos de la Costa. Desmejoran el paisaje pero a la vez generan focos infecciosos y problemas ambientales.
Cejas contó que comenzaron a trabajar con los coordinadores de distrito en identificar “los focos sucios” e implementar un procedimiento para “lograr su saneamiento definitivo. Hoy se recogen pero no se está investigando por qué ocurren y eso es lo que queremos hacer”. Las hipótesis son muchas: “A veces hay dificultades para que ingrese el camión, o hay problemas de calles, de cableado, de seguridad, puede ocurrir por la falta de cestos en altura; lo que vamos a hacer es intervenir en cuáles son las causas y trabajar en un compromiso fuerte de los vecinos, involucrando instituciones, clubes, etc., para que la solución que se le dé sea sostenida en el tiempo y no tener que ir permanentemente con la pala a juntar esos montículos”, explicó.
En barrios del este, centro y norte lo que más se detecta son los montículos de ramas, escombros y muebles: “Se sacan a cualquier hora porque la mayoría de los problemas que tenemos es por falta de información de los vecinos”, cerró el funcionario.
Mientras prepara un diagnóstico certero, que reconozca las fortalezas y debilidades, la Secretaría de Ambiente buscará optimizar la gestión de los residuos que produce la ciudad y mejorar su limpieza, de la mano de una fuerte campaña de educación y sensibilización que genere compromiso en los vecinos.
La separación, a mitad de camino
A partir de datos del Panel de Hogares del Observatorio Social de la UNL, onda 2016/2017, se presenta que para un total de 1.052 hogares consultados, el 59,9% de los mismos manifiesta que realiza la separación de residuos en el hogar mientras que el 39,9% expone que no la realizada, el 0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo de hogares que no realizan la separación de basura domiciliaria, se tiene que el 40,2% sostiene que le cuesta habituarse a hacerlo, el 19,2% no le interesa /no quiere, el 15,1% de los encuestados señala que no se recoge los residuos es su zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligatoria la separación de residuos en toda la ciudad?, el 73,4% de los consultados señala que sí, el 15,8% expone que no y, el 10,8% es Ns/Nc.
Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y ramas caídas se acumulan en muchas calles de la costa a la espera de que el servicio municipal los traslade hasta la planta de relleno sanitario, ubicada en el otro extremo de la ciudad. “No es racional hacer ese traslado, genera mucho volumen y no hace eficiente el sistema de recolección de verde”, afirmó el secretario de Ambiente, Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una planta de procesamiento de residuo verde en la zona, y de ahí obtener material para compostaje y chipeado (una cubierta protectora de materia orgánica que se extiende sobre el suelo), que luego se reutiliza en espacios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay que hacer una inversión pero en el mediano plazo resulta redituable antes de tener que seguir trasladando grandes distancias este tipo de residuos”.
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